Todas las personas, independientemente de su género, edad, orientación sexual, identidad de género, raza, etnicidad, estatus socioeconómico o discapacidad, deben tener igual acceso a los servicios de salud reproductiva.

Los derechos sexuales son un conjunto de principios y libertades fundamentales que garantizan el respeto, la igualdad y la dignidad en relación con la sexualidad y el bienestar sexual. Estos derechos se basan en el respeto por la autonomía personal, la libertad de elección y la ausencia de discriminación. Los derechos sexuales se han establecido en varias declaraciones y documentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD).

Existe un consenso según el cual la salud sexual no se puede alcanzar y mantener sin el respeto y la protección de algunos derechos humanos. “Los derechos sexuales constituyen la aplicación de los derechos humanos existentes a la sexualidad y a la salud sexual. Protegen el derecho de todas las personas a satisfacer y expresar su sexualidad y a disfrutar de la salud sexual, con el debido respeto por los derechos de los demás, dentro de un marco de protección frente a la discriminación”.

• De tener hijos,
• Con quién, cuántos y en qué momento tener hijos. 
• Recibir información completa sobre métodos anticonceptivos y acceso gratuito a los métodos elegidos. 
• Atención de salud respetuosa y de calidad durante el embarazo, el parto y el posparto, como parte integral de los derechos reproductivos.

• Vivir la sexualidad sin violencia.
• Derecho a tener relaciones conscensuadas.
• Derecho a decidir libre y autónomamente cuándo y con quién se inicia la vida sexual.
• Autonomía y autoestima en el ejercicio de la sexualidad.
• Decidir sobre la unión con otras personas.
• Vivir y expresar libremente la identidad sexual y orientación de género.
• Protección y prevención de ITS y enfermedades de transmisión sexual.
• Recibir información y servicios de calidad sobre todas las dimensiones de la sexualidad, sin discriminación.
• Derecho a una educación sexual integral a lo largo de la vida.
• Explorar y disfrutar de una vida sexual placentera.

Otro de los problemas que constituye un riesgo para la salud sexual y reproductiva, es el embarazo en adolescentes de entre 10 y 19 años. Muchos de estos embarazos son producto de incesto, violaciones, por falta de información científica sobre sexualidad y de apropiación de su propio cuerpo, por carecer de un proyecto de vida y sin contar con suficientes recursos emocionales, físicos y materiales para hacer frente a las circunstancias.
La iniciativa 6430, reforma al Decreto 17-73 código penal forma parte de un esfuerzo para abordar estas problemáticas mediante el aumento de la edad mínima de consentimiento sexual y el fortalecimiento del marco legal para proteger a los menores de abusos y explotación.
Actualmente, el Código Penal establece que la edad mínima de consentimiento sexual es de 14 años. En esta misma edad la ley no permite a niños ni jóvenes tomar alcohol, ni comprar o consumir cigarrillos, tampoco trabajar, ni contraer matrimonio. Pero sí permite que un adulto pueda tener relaciones sexuales con ellos. Esta iniciativa de Ley propone que la edad mínima de consentimiento sexual sea 18 años. 
Con la aprobación de esta iniciativa de Ley, se lograría la disminución de abusos sexuales, promoción de educación afectiva sexual, reconocimiento de la vida, dignidad, integridad, educación, entre otros, valores y derechos reconocidos en la constitución política de la República de Guatemala. prohibición de la relación entre niños y adultos. 

En beneficio de la población y el cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, se han creado varias leyes que complementan y procuran el cumplimiento de los derechos sobre salud sexual y reproductiva para todos y todas las personas de Guatemala.
La Constitución Política de la República de Guatemala establece:

Decreto Número 42-2001, “Ley de Desarrollo Social”. El artículo 26 establece que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en coordinación con el Ministerio de Educación, debe diseñar, coordinar, ejecutar y promover el Programa de Salud Reproductiva, y que este sea participativo, sin discriminación e incluyente, y que tome en cuenta las características, necesidades y demandas de mujeres y hombres; además de listar algunas disposiciones a las cuales el Programa deberá apegarse.

La presente Ley tiene como objeto asegurar el acceso de la población a los servicios de planificación familiar, que conlleve la información, consejería, educación sobre salud sexual y reproductiva a las personas y provisión de métodos de planificación familiar. Además establecer mecanismos dirigidos a la consecución de nuevas fuentes de financiamiento local, reduciendo la dependencia histórica de los servicios de planificación familiar de donantes internacionales.

Establece que el Estado debe promover y monitorear campañas de sensibilización y generar espacios  de discusión para la creación de políticas públicas para evitar la violencia contra la mujer y el femicidio. 

Esta ley en Guatemala establece que cualquier persona que, mediante violencia física o psicológica, obligue a otra a tener relaciones sexuales por vía vaginal, anal o bucal, o introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos por esas vías, será castigada con prisión de ocho a doce años. Además, si la víctima es menor de 14 años o tiene una discapacidad que le impida decidir conscientemente, el delito se considera cometido incluso sin violencia. Esta pena se aplicará sin afectar otras sanciones que puedan imponerse por delitos adicionales.

Como lo establece nuestra Constitución y legislación en Guatemala el Ministerio de Salud y Asistencia Social es el ente supremo encargado de velar por la salud de la personas en Guatemala y de procurar que ese derecho se cumpla, por tal razón creó el Programa Nacional de Salud Reproductiva (PNSR), con el objetivo principal de disminuir la mortalidad materna y neonatal. Este Programa, incluye entre otros componentes, como la maternidad y paternidad responsable, prevención del cáncer cérvico-uterino y planificación familiar, la atención a adolescentes, salud integral para atender a niños y adolescentes, educación, información y atención sobre VIH, ITS y ETS, espacios amigables para la población en general, campañas de promoción sobre embarazos saludables, educación integral en sexualidad y acceso a servicios de salud integral y diferenciada, con énfasis en salud sexual y reproductiva para adolescentes, hombres y mujeres de todas las etnias y culturas.